“PENSAR GLOBALMENTE, ACTUAR LOCALMENTE”

Esa frase, atribuida a Patrick Geddes, debería ser el leitmotiv de los municipios venezolanos. No podemos sustraernos de la necesidad del cambio político que debe ocurrir en el país y así lograr desembarazarnos del autoritarismo militar que nos destruye social y económicamente, no obstante, una vez se reinstale la democracia, la demanda de la población no será recibir lindos discursos, será exigir soluciones a los problemas acumulados durante dos décadas de inacción.

 

Los problemas son, ante todo, acceso a alimentos, agua, recolección de desechos y su disposición final, seguridad ciudadana, educación, salud e inversión en equipamiento urbano, todos ellos, problemas cuya solución pasa por gobiernos locales efectivos, creativos, dotados de recursos financieros y humanos suficientes y, además, legítimos (es decir, con autoridades electas con respaldo de más del 50% de la población inscrita en el Registro Electoral Permanente que, vale recordar, no es el caso de los alcaldes electos en los pasados comicios).

 

Lejos de lo que habitualmente se cree, solo un nuevo presidente, por más dotado de inteligencia, audacia y sagacidad con la que venga acompañado, no será suficiente. Un gobierno central, tal como lo hemos conocido en los últimas dos décadas, centralizador, acaparador de competencias, hermético a la crítica y sin anclas en lo local, gobierna, si acaso lo hace, en el aire. El nuevo gobierno debe promover la descentralización, la democracia local, la transparencia y la rendición de cuentas de los alcaldes y concejales, crear estímulos para la participación de la sociedad civil (gremios, sindicatos, asociaciones y comunidades) en la dinámica institucional de los gobiernos municipales. Eso, como requisito, para dotar de robustez a las instancias que deberán recibir tanto protagonismo como competencias en áreas de sumo interés.

 

Desde los municipios, principalmente en aquellos con vocación agrícola, se puede tener un rol extraordinario en la construcción y recuperación de las vías de penetración rural, dotación de sistemas de riego, apoyo técnico al agricultor y, desde la perspectiva del consumidor, apalancar lo que en Barquisimeto existe desde hace mucho: las cooperativas de consumo. Formas de organización vecinal que permiten a los ciudadanos acceder a productos, sin intermediarios comerciales, desde el productor al consumidor. Claramente abandonando el esquema de “Precios Justos” que terminan siendo “Precios Susto”, el que trabaja la tierra con sus propias manos no puede recibir a cambio un agradecimiento, debe recibir rentabilidad.

 

Por otro lado, los gobiernos locales deben recibir apoyo institucional y financiero nacional para abandonar la voracidad fiscal de la que han hecho participes. Hay gobiernos locales, como el lamentable caso del municipio Libertador de Carabobo, donde se han creado dos impuestos para el mismo hecho imponible. Allí existe el tradicional Impuesto a la Actividad Económica y el Impuesto a la “Convivencia” abruptamente creado, ambos para pechar a quien tenga un negocio abierto. Sabemos cómo terminará ese cuento: Negocios cerrados en Libertador y negocios abiertos en otros lugares.

 

Esas políticas públicas deben ser acompañadas por una apuesta sincera a las nuevas formas de negocio que hoy surgen en el resto del mundo. Hay emprendedores digitales con grandes oportunidades que simplemente no son aprovechados y deben escapar de un país que parece alérgico al internet (solo eso puede explicar el que estemos a la cola en velocidad de conexión en el continente). Si se generan ordenanzas que faciliten el emprendimiento, la innovación y la explotación del talento local muchos negocios exitosos se pueden levantar, podríamos ver a nuestros jóvenes regresar antes que irse por Maiquetía. La invitación es a pensar desde los 335 municipios de Venezuela. Este país no se reconstruirá de la noche a la mañana, se necesita cada pequeño bloque para hacerlo posible.

 

Julio Castellanos / jcclozada@gmail.com / @rockypolitica