Gustavo Manzo: ¿Porqué La República de Colombia no necesita una nueva Constitución?

La hipótesis sobre la necesidad de un cambio de Constitución en la República de Colombia ha sido planteada por un candidato a la Presidencia del Poder ejecutivo y se prefiere obviar cualquier referencia a este candidato para evitar caer en diatribas de política doméstica, que no es el objetivo principal de estas líneas. Sí consideramos importante tocar aspectos académicos y basar las razones de la negativa en causas estrictamente jurídicas y constitucionales.

Un primer aspecto que es necesario abordar alude al hecho de establecer una distinción entre lo escrito en la Constitución y la puesta en práctica de la norma constitucional. En términos llanos se hace referencia a cómo se hace vida la Constitución, en otras palabras se busca establecer una respuesta a si las normas constitucionales se concretan en derechos y deberes en la vida cotidiana (living constitution).
Si establecemos una comparación entre Colombia y  Venezuela la conclusión inmediata es que no. En Venezuela la letra de la Constitución camina en una dirección y su práctica en otro sentido. Al contrario encontramos Colombia en la cual hay mayores puntos de coincidencia entre la práctica y teoría constitucional.

Por supuesto analizar en Ciencias Sociales no tiene sentido mediante el uso de premisas excluyentes o radicales. Lo que tiene que ver con el ser humano debe comprender aspectos intermedios, tolerantes, dada la característica cambiante del mismo; ni si biología ni su psicología es estática o sin movimiento; este, el ser humano, apenas alcanza a comprenderse. Además estas respuestas y premisas de todo o nada o blanco y negro pudieran encontrarse en el ámbito científico, sin embargo los matices serán muchos, tantos como los seres humanos.

La diferencia que se apuntó entre ambos estados (Colombia y Venezuela) en cuanto a la teoría y práctica constitucional, está basada en elementos ostensibles pues luego de una observación a los hechos presentados en diferentes episodios de la vida de ambos países, las evidencias hablan por sí solas.

Veamos algunos ejemplos: De acuerdo a la FAO en una nota de prensa de fecha 09-03-2018 en el portal del Nacional[1]el Hambre en Venezuela continuó creciendo en 2017, cuando se revisa el contenido, además de la afirmación producto de mediciones realizadas por el ente, también aducen opacidad en las fuentes para acceder a la información transparente, respecto a temas tan importantes como el mencionado.

Igualmente se revisa el informe presentado por el alto comisionado[2], en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que dice lo siguiente: “Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.

 

Cuando el estudio torna a la República de Colombia, el planteamiento es diferente. Por una parte no se encuentran situaciones tan profundas y profusas como las del caso venezolano, aun cuando la violencia y sus consecuencias permanecen a pesar del proceso de paz, o también pueden observarse las inconsistencias en cuanto a la efectividad del estado social de derecho, pero igualmente es visible la existencia de un régimen democrático que mantiene pesos y contrapesos, separación de poderes y autonomía del poder judicial que ofrecen respuestas y encausamiento de las situaciones de discontinuidad que observamos. En todo caso existe un  mayor engranaje entre la teoría y la práctica constitucional.

Repetimos que lo más importante es comprender además que una cosa es la prescripción teórica de los derechos y otra su puesta en práctica. La no concreción que pueda determinarse en uno otro caso, no significa que la teoría no cumpla con sus requisitos mínimos, puede tratarse de un problema de las personas que aplican la norma y no de la norma en sí misma.

Una revisión detallada de la Constitución de la República de Colombia arroja que como todo producto de los seres humanos es perfectible, es decir, puede que contenga puntos y situaciones susceptibles de ser mejoradas. Pero en términos generales contiene valores y principios constitucionales que la ubican en la modernidad, prevé estado social de derecho con lo cual se expresa el objetivo de viabilizar y ejecutar un modelo de justicia social específico, no deja de lado las libertades individuales, además ordena de manera estructural sus autoridades y detentadores del poder.

Deja claro la forma de tomar las decisiones y establece una democracia constitucional de manera diáfana. Sitúa la igualdad como valor y principio generando condiciones, trato y oportunidades de la misma forma en que lo hacen todos los estados, excluyendo el igualitarismo y la discriminación. En su articulado la Constitución de la República de Colombia [3] establece el equilibrio entre lo público y lo privado y la Corte Constitucional se ha encargado de aclarar el alcance de esta norma: “Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”

Venezuela en más de 200 años de historia republicana ha tenido más de 25 Constituciones y está en camino otra que se impone mediante un procedimiento que se afirmó en diferentes oportunidades está al margen de la Constitución. De igual forma ocurre en Colombia pues la Constitución de 1991 ya lleva más de 20 modificaciones mediante actos legislativos.

En ambos países está presente una producción legislativa acentuada, no obstante cuando se establecen comparaciones con otros estados puede también observarse que por más que exista la voluntad de regular todas las actividades del hombre, ello es imposible pues la conducta siempre encontrara la forma de rebasar esos cauces en ejercicio de la libertad.

Aleksandr Solzhenitsyn  premio nobel de literatura en 1970 crítico del socialismo soviético, fue invitado a Harvard para pronunciar el discurso de graduación en el año 1978 y se refirió a los aspectos de la cultura occidental que, a su entender, apuntaban a una crisis de civilización[4]: “Curiosamente, entre los síntomas de decadencia mencionados por el escritor ruso, se encontraba la excesiva confianza en el Derecho, en la Ley. Sin dejar de subrayar que el Imperio de la Ley es una conquista preciosa, Solzhenitsyn criticó la ingenuidad de quien piensa que tan sólo con la ley se puede construir una sociedad mejor.”

Cabe destacar que los problemas de una sociedad no se resuelven exclusivamente poniendo en vigencia una ley o con una sentencia de un tribunal, es necesario un cambio de actitud en el individuo que se refleje en lo social. La hipertrofia legislativa o jurídica termina por ahogar al ciudadano que queda sepultado por una cantidad de leyes y sentencias que lo inmovilizan.