Averu: Venezuela en los últimos 19 años se ha instaurado una cultura de muerte

COMUNICADO
EN DEFENSA AL DERECHO A LA VIDA

La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) se dirige a la
comunidad universitaria y al País, con la finalidad de manifestar su profunda
preocupación por los hechos de violencia ocurridos los días 23, 24 y 25 del mes de
enero del presente año, durante los cuales perdieron la vida ciudadanos venezolanos,
así como estudiantes de nuestra comunidad.
Los Rectores de las Universidades de gestión pública y privada expresamos nuestra consternación ante el fallecimiento de los jóvenes Luigi Ángel Guerrero Ovalles, de 24 años de edad, cursante del cuarto año de Comunicación Social en la Universidad de los Andes (ULA), Núcleo-Táchira, y Juan Rafael Medina Torres, de 19 años de edad, cursante del 10mo trimestre de Ingeniería en la Universidad Yacambú, Núcleo- Portuguesa, quienes participaban de forma cívica y pacífica en la marcha del 23 de enero.
Esta Asociación de Rectores advierte que en Venezuela en los últimos 19 años se ha
instaurado una cultura de muerte, pese al mandato del artículo 43 constitucional
conforme al cual el derecho a la vida es inviolable, ordenando al Estado proteger la
vida de las personas que se encuentran privadas de libertad, en servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma, suprimiendo la condición de inviolabilidad del derecho a la vida que le otorga una cualidad incorpórea de imposible vulneración.
Nuestras Casas de Estudio contribuyen a fomentar a través del conocimiento con la
cultura de la paz mediante la educación y la ciencia, con el propósito de asegurar el
respeto al derecho a la vida, justicia, a la ley, derechos humanos y libertades
fundamentales. El derecho a la vida se reconoce a cualquier persona por el simple
hecho de estar viva, y le protege de la privación u otras formas graves de atentado por parte de otras personas o instituciones, sean estas gubernamentales o no; desde el. punto de vista jurídico se trata de un derecho fundamental el primero de todos, al
considerar al titular como generador de cualquier otro derecho, e integra la categoría de derechos civiles de primera generación.

Este derecho fundamental no solo protege a las personas de la muerte, sino de toda
forma de maltrato o violencia que haga su vida indigna, así, atentan contra la vida el
genocidio (exterminio de un grupo por su nacionalidad, religión, raza o etnia), el
terrorismo, la tortura, el secuestro o la desaparición forzada de personas (terrorismo de estado), la esclavitud y los malos tratos, la discriminación y la implantación de
resentimiento y xenofobia que genera entre los ciudadanos odio e intolerancia que destruye la convivencia en armonía de un País.
La protesta cívica y pacífica es un derecho político fundamental consagrado en la
Constitución Nacional en su artículo 86, y cualquier intento de menoscabar, impedir o reprimir la manifestación constituye una violación de principios constitucionales, de
los derechos humanos y estándares nacionales e internacionales. La criminalización de la libertad de expresión, la disidencia, y la participación en los asuntos públicos por
parte de cualquier ciudadano origina una respuesta de represión desmedida y letal,
ocasionando el asesinato y detención arbitraria de centenares de ciudadanos civiles y desarmados, hecho que ha venido ocurriendo en Venezuela bajo la mirada cómplice de los órganos públicos llamados a defender al ciudadano.
La Asociación de Rectores rechaza y condena el inconstitucional uso excesivo de la fuerza mediante los cuerpos de seguridad del Estado y más recientemente de cuerpos de elites como el FAES, CONAS, y agrupaciones paramilitares que actúan en labores de represión, sin tener competencias, equipamiento y entrenamiento para gestionar
manifestaciones con apego a principios de uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
El manejo de la violencia por parte del gobierno nacional es un hecho
constitucionalmente reprobable y humanamente vergonzoso en una Nación
democrática, en la cual los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de
proteger la integridad física y personal de cada uno de sus habitantes además la
obligación de respetar la dignidad y los derechos humanos. Ignorar los derechos que
asisten a los ciudadanos solo propicia la imposibilidad de una convivencia
democrática, por lo cual es necesario exigir cese la muerte, la represión, torturas y arrestos arbitrarios de los venezolanos.
Exigimos investigaciones oportunas, exhaustivas e imparciales de las denuncias de violaciones de derechos humanos y actos de violencia perpetrados por ciudadanos y fuerzas de seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones cívicas y pacíficas,
con independencia de los organismos públicos competentes, quienes no han cumplido con las investigaciones y procedimientos a fin de establecer las responsabilidades correspondientes.