Justicia de la Unión Europea (UE,) sentencia que los países no pueden deportar a inmigrantes tras revocarles la condición de refugiados

El Tribunal de la UE dicta que una persona no puede ser devuelta a donde existan riesgos para su vida aunque se le revoque el estatuto de refugiado.

Ser refugiado va más allá de tener el estatuto de refugiado. El acto de reconocimiento es puramente formal  y da acceso a una serie de derecho reconocidos por el derecho comunitario. Pero, si se produce la revocación del estatuto de refugiado –por haber cometido algún delito–, la persona no pierde de facto la condición de refugiado, no puede ser devuelta gracias a la protección que le brinda la Carta europea de Derechos y goza de una serie de derechos contemplados en la Convención de Ginebra, en la que se inspira la directiva comunitaria como lo ha dictaminado este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha sentenciado que  no puede expulsarse a una persona a un Estado donde existe un serio riesgo de que pueda sufrir tortura o tratos inhumanos y degradantes.

La sentencia se ha dictado después de que en Bélgica y en la República Checa, a un nacional costamarfileño y a otro congoleño, así como a un individuo de origen checheno, titulares o solicitantes del estatuto de refugiado según cada caso, se les revocó este estatuto o se les denegó la concesión del mismo, respectivamente, sobre la base de las disposiciones de la directiva sobre los refugiados que permiten la adopción de esas medidas contra aquellas personas que representen un peligro para la seguridad o han sido condenadas por un delito de especial gravedad para la comunidad del Estado miembro de acogida.

La conclusión de la Justicia europea es que mientras un nacional de un país no miembro de la UE o un apátrida tenga temores fundados a ser perseguido en su país de origen o de residencia, esa persona debe tener la consideración de refugiado en el sentido de la directiva europea y de la Convención de Ginebra, con independencia de que se le haya concedido o no formalmente el estatuto de refugiado.

En efecto, la Carta prohíbe en términos absolutos la tortura y las penas y los tratos inhumanos o degradantes, con independencia del comportamiento de la persona de que se trate, así como su expulsión a un Estado donde exista un riesgo serio de que sea sometida a esos tratos.

El Tribunal de Justicia estima asimismo que la revocación del estatuto de refugiado o la denegación de su concesión no tienen por efecto que la persona que alberga temores fundados a ser perseguida en su país de origen pierda la condición de refugiado. En consecuencia, aunque esa persona no pueda disfrutar o deje de disfrutar del conjunto de derechos y prestaciones que la Directiva reserva a los titulares del estatuto de refugiado, disfruta o sigue disfrutando de una serie de derechos contemplados en la Convención de Ginebra.